Un 21 de mayo especialHermógenes Pérez de Arce
El presidente de la Corte Suprema dio "un claro respaldo al trabajo de la ministra" ("La Nación", 12.05.08). Se refería a la ministra en visita extraordinaria, Eliana Quezada, cuya resolución de 18 de abril último sometió a proceso y a prisión preventiva a seis oficiales (r) de la Armada, por el delito de secuestro calificado de Michael Woodward. Éste -dice la misma resolución-, en "el libro 'La verdad histórica y la lógica militar', escrito por Manuel Contreras Sepúlveda, figura dentro de la nómina Fuerzas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)" y "fue privado de su libertad de desplazamiento, manteniéndosele bajo detención o encierro en recintos de la Armada, lo que se ha prolongado desde el mes de septiembre de 1973 hasta la época actual".
Hoy, 21 de mayo, aniversario de la epopeya de Prat, estarán en el salón de honor del Congreso tanto el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín -que respalda el dictamen judicial según el cual la Armada mantiene secuestrado a Michael Woodward-, como el Comandante en Jefe de ésta, almirante Rodolfo Codina -obvio responsable superior de esa detención ilegal.
Asimismo, estará presente en el Congreso el almirante (r) y actual senador Patricio Arancibia, quien también, según la jueza, cuando fue Comandante en Jefe de la Armada, mantuvo secuestrado a Woodward durante su mandato.
En estricto rigor legal, Urbano Marín debería ordenar a alguno de los numerosos policías que resguardarán la ceremonia detener en el acto al almirante Codina, por estar cometiendo delito flagrante de secuestro, según reza la resolución de la ministra. Y no se entiende por qué ella no lo sometió a proceso ni libró orden de detención en su contra, lo mismo que contra sus antecesores, Miguel Ángel Vergara, Patricio Arancibia y Jorge Martínez Busch, quienes, según la ministra Quezada (respaldada por el Presidente de la Corte Suprema), mantuvieron a Woodward "bajo detención o encierro en recintos de la Armada".
Bueno. Pero la verdad es que nada de lo anterior sucederá, porque todos sabemos que cuanto sostiene la ministra no es verdad. Se trata de un ardid suyo para quebrantar las leyes sobre amnistía, prescripción y cosa juzgada, que la habrían obligado a sobreseer el proceso.
Pero en ese caso nos encontramos ante otro delito flagrante, el de prevaricación, y por un doble motivo: fallar a sabiendas contra ley expresa en materia criminal (artículo 223 N° 1 del Código Penal) y retener maliciosamente, en calidad de preso, a un individuo que debiera ser puesto en libertad con arreglo a la ley (artículo 224 N° 5).
Por supuesto, el presidente de la Corte Suprema sabe que se están cometiendo ambos delitos, pero nada hace. Peor aún, respalda a la jueza. Es decir, incurre en notable abandono de sus deberes, lo cual, de acuerdo con el artículo 52 N° 2, letra c) de la Constitución, es causal suficiente de acusación constitucional en su contra. Podrían presentarla hoy mismo en el Congreso, aprovechando que están allá, no menos de 10 ni más de 20 diputados, dirigiéndola tanto en contra de Marín como de la ministra Quezada, pues ésta ha incurrido, aún en mayor medida que aquél, en manifiesto y notable abandono de sus deberes.
Si en Chile impera, como algunos sostienen, un Estado de Derecho, al menos algunas de las anteriores cosas deberían tener lugar en el Congreso hoy, 21 de mayo.
Y si nada sucede, bueno, tengo motivo para pensar que si Prat estuviera vivo, como hombre de derecho y valeroso oficial que era, ante tan manifiesta ruptura de la legalidad no vacilaría en lanzarse de nuevo al abordaje
Los países que tratan de vivir sin valores
terminan por desvalorizar la vida de sus ciudadanos.
