
El lunes recién pasado, durante la discusión en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del proyecto de ley sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, fueron presentadas por diputados de distintas bancadas una serie de indicaciones que buscaban resguardar el derecho a la vida del que está por nacer, frente a las amplísimas facultades que el proyecto entrega a los órganos de la Administración del Estado para que éstos puedan realizar planes, programas y acciones para informar y orientar la elección y uso de métodos de regulación de la fertilidad y anticoncepción. Sin embargo, estas indicaciones fueron rechazadas por haber sido calificadas
De esta insólita decisión, que impide el debate y obstaculiza la incorporación de una norma que pretendía proteger el derecho a la vida, la cual no innovaba en la materia, sino que se limitaba a reiterar lo ya establecido en nuestra Constitución, podemos desprender dos posibles interpretaciones. En primer lugar, confirmar el potencial efecto abortivo que tendría la píldora del día después, tal como lo señalan diversos estudios e inclusive los propios fabricantes de este medicamento, ya que, en el caso de estar seguros respecto de que no afecta el óvulo fecundado, no existiría razón alguna para oponerse a una indicación que sólo reiteraba la protección a la vida.
Una segunda interpretación sería la intención de sincerar lo que para muchos es el verdadero sentido
Es lamentable la actitud de algunos sectores que han tratado de radicalizar este tema, reduciéndolo a una discusión meramente valórica o religiosa, cuando lo que verdaderamente está en juego es el respeto a los derechos humanos y no a uno cualquiera, sino al más esencial: el derecho a la vida. No se trata de un problema entregado a la conciencia de cada cual, porque al existir una duda razonable sobre los efectos dañinos de un fármaco siempre se debe optar por la alternativa que defienda y promueva de mejor manera los derechos humanos y ello, sin duda, no se logra declarando inadmisible la protección a la vida humana.