OJO CHILENOS, NOS ESTAN ESPIANDO.
En calle Tenderini número 115, a un costado del Teatro Municipal de Santiago, está el centro operativo de la AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA, conocida también por su sigla,
ANI.
Si usted pensaba que en democracia no se espía, que no hay un organismo encargado de recoger información y entregarla a la autoridad política, se equivoca. Lo que se hacía antes, se hace ahora, con distinto nombre.
En el pasado, en el gobierno Militar, la DINA fue la policía política. Posteriormente, la CNI. Antes, en los gobiernos radicales, en el de Don Jorge o de Frei, ese papel lo cumplió Investigaciones. Por años fue famosa en Chile la P.P., la Policía Política, que tenía entre sus efectivos a unos gordos, roperos de tres cuerpos, que la hicieron famosa. Eran los guatones de la P.P.
En el gobierno de la UP, Allende entregó esa misión a los partidos marxistas, que se enquistaron en Investigaciones. Aúnse recuerda con horror la administración del Coco Paredes y de Toro, el subdirector. Uno socialista, el otro comunista.
Más recientemente aparece la ANI, no por decisión del gobierno, sino por exigencias de la oposición y de la opinión pública. A comienzos del gobierno de Aylwin, éste no quiso operar con los organismos más especializados en el país en materia de Inteligencia, las Fuerzas Armadas.
Aylwin trabajó con Investigaciones, y puso al mando de ella a un general en retiro de nombre Horacio Toro (DC). Sin embargo, a poco andar el país se enteró que desde la misma Moneda, tres personajes, Belisario Velasco, el subsecretario del Interior, Jorge Burgos, el actual diputado (DC), entonces funcionario de gobierno y Marcelo Schilling, actual diputado socialista, no elegido, instalaron una “Oficina’’ de espionaje que operaba desde la misma sede de Gobierno y que tenía algunas sucursales cercanas, en el mismo cuartel general de la Policía Civil y en departamentos arrendados cerquita de Palacio.
Como si lo anterior no fuera poco, se descubrió que existían “planes’’ especiales, con nombres especiales, como Halcón, para espiar a los chilenos, en particular a la disidencia democrática y a los que se ubicaban a la izquierda de la Concertación.
Lo anterior determinó la salida de Investigaciones del general ®Horacio Toro.
Posteriormente, esa ilegalidad reinante se salvó con la dictación de la Ley 19.974 del 7 de octubre de 2004, en donde el Congreso Nacional, mediante un acuerdo político de sus actores, marcó el marco jurídico de las actividades de Inteligencia interna, ya que la exterior, de defensa de nuestra soberanía e integridad territorial, compete a las FF.AA y a sus direcciones especializadas de Inteligencia.
La ley citada estableció a la ANI, Agencia Nacional de Inteligencia, una instancia sucesora de la Dirección de Seguridad Pública (Dispi). El cambio fue más bien exterior, pues casi el centenar de funcionarios de la Dispi se incorporó a la Agencia que funciona a seis cuadras de La Moneda.
En regiones la ANI también está presente. Lo hace en distintos departamentos de Gobierno, llámese Intendencia, Seremi, gobernación e incluso el CONACE, que funciona bajo la pantalla de ser un proyecto del ministerio de interior para prevenir y enfrentar el creciente problema de las drogas.
Por ser continuadora de un organismo existente (Dipsi), sucesor a su vez de La Oficina, entidad irregular que infiltró grupos de Izquierda en los primeros años de la transición provocando ácidas críticas, la creación de la ANI se mantuvo relativamente callada.
El proyecto de la ANI estuvo varios años en el Congreso, hasta que finalmente se apuró el tranco en función también de presiones internacionales para que Chile enfrentara fenómenos sociales como el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico.
El nuevo servicio de Inteligencia del gobierno partió con un pecado original. No olvidar que en los primeros meses de la administración Aylwin operaba en el país, de modo ilegal, la llamada “Oficina’’, entidad donde Marcelo Schilling se transformó en un verdugo para sus antiguos compañeros marxistas.
Esa misma “Oficina’’ fue la responsable que, producido el asesinato del senador Jaime Guzmán, el único parlamentario asesinado en toda la historia democrática del país, en 1991, los personeros del gobierno no tuvieran ningún reparo en proteger a los autores, el frente Manuel Rodríguez, del Partido Comunista, y engañaron por años al país, inventando que el autor del homicidio era un ladrón de escasa importancia, Sergio Olea Gaona.
(Tomado de CHILE INFORMA)
Los países que tratan de vivir sin valores
terminan por desvalorizar la vida de sus ciudadanos.
