Centralismo asfixiante, por Mario Montes Tagle

Centralismo asfixiante, por Mario Montes Tagle

La Constitución chilena establece un sistema Presidencial extremo, al que se han aferrado firmemente nuestras autoridades, que lo hace tremendamente centralista en todas las decisiones que afectan al país

Aunque existen autoridades regionales estas son nombradas por la Mandatario, en el papel, porque o los define el Ministro del Interior o son el resultado de las inmensas presiones del los Partidos del oficialismo.

A pesar de los discursos de campaña y de las promesas realizadas en las innumerables giras de la Mandatario, la realidad indica que no están dispuestos a ceder nada de su incontrarrestable poderío.

Intendentes, Gobernadores, Seremis, que son quienes ejecutan las instrucciones gubernamentales, manejan a sui antojo las entidades locales, pues además de contar con el respaldo oficial, tienen a su disposición la billetera nacional

Parte importante, inmensamente mayoritaria, de las inversiones se hacen en la Capital, a pesar de tener solo 5.428.590 de habitantes, de un total de 15.980.912, según el Censo de 2002, es decir un 34% de la población, casi todos los recursos estatales van a su bienestar, asfixiando las posibilidades de progreso regional.

Como ejemplo de lo anterior se puede contar los miles de millones de dólares que cuesta el Transantiago, las multimillonarias inversiones del ferrocarril metropolitano, o los ingentes recursos destinados al monstruoso crecimiento de la metrópolis.

La propia Presidente, al anunciar la inyección de 290 millones de dólares para mantener el Transantiago funcionando hasta Diciembre, dijo que la misma cantidad se destinaría a regiones, estableciendo claramente que las provincias son de segunda categoría.

Creemos que los habitantes de Regiones, tienen el derecho, más bien la obligación de presionar a los Parlamentarios que han elegido para forzar un cambio, que, quiete a la administración central poder, para que este sea transferido a las áreas locales.

Poco ganaríamos si las autoridades siguen siendo de “confianza” del Mandatario, por lo que resulta indispensable que la administración local del Estado sea elegida por la ciudadanía y que cuente con presupuestos manejados regionalmente.

No nos hacemos muchas expectativas, sobre todo después de constatar que en el Congreso se privilegia la coalición oficialista sobre los intereses nacionales y de comprobar que el Poder Judicial es completamente obsecuente al ejecutivo.

Hay que adquirir conciencia, rápidamente, de que las autoridades son “empleados” de los ciudadanos y exigirles trabajar por las necesidades del país. La única lucha que está perdida es aquella que no se da, comencemos a luchar por un mañana mejor.

Educación y movilidad social, por Alejandra Mizala y Pablo González

En los últimos 25 años el número de estudiantes universitarios ha aumentado significativamente en el país. La matrícula bordea hoy los 500 mil alumnos (de los 120 mil que se calcula había en 1982) y lo más notable es que siete de cada 10 estudiantes son los primeros de su familia en acceder a la universidad. Este elemento constituye una fuente muy importante de movilidad social ascendente. En efecto, la encuesta Casen del año 2006 muestra que los ingresos del trabajo aumentan en forma significativa para quienes tienen educación superior. Es así como esta encuesta arrojó que los ingresos promedio de la población con 12 años de escolaridad (educación media) eran de $245.608, mientras que los del grupo con 17 años de educación (universitaria) ascendían a $800.442, llegando a $1.074.621 para quienes tenían 18 y más años de formación. Este premio salarial es grande si se le compara con lo observado en países desarrollados, donde las diferencias no superan el 100%.

Para que este aumento de la matrícula universitaria se convierta en una fuente de movilidad social es clave asegurar que los jóvenes que ingresan al sistema puedan efectivamente titularse. El fuerte aumento de la matrícula y la deficiente calidad de parte de nuestra educación secundaria, sin embargo, tienen como consecuencia que una parte de los jóvenes que acceden al sistema universitario no tienen las habilidades y competencias cognitivas y no cognitivas necesarias para cursar con éxito estudios superiores, lo que redunda en una elevada tasa de deserción. El informe del año 2001 de la OECD plantea que sólo el 28% de quienes ingresaban a la educación superior en Chile se titulaba, cifra que contrasta con un 42% de titulados en los países de la OECD. La mayor parte de la deserción, en tanto, se produce en los dos primeros años de universidad, lo que redunda en una enorme frustración de los estudiantes y sus padres, y en una importante pérdida de recursos.

La situación descrita plantea un desafío a las universidades que reciben a los estudiantes con menores puntajes de ingreso: viabilizar su mantención en el sistema a través de cambios en sus mallas curriculares, incluyendo la preparación de los alumnos en habilidades y competencias tanto cognitivas como no cognitivas, por ejemplo, a través de cursos de nivelación de conocimientos y talleres de desarrollo de habilidades. De hecho, algunas universidades públicas y privadas ya han comenzado a implementar este tipo de programas.
No obstante lo anterior, las universidades pueden hacer algo más. En particular, podrían vincularse con algunos liceos y apoyarlos, permitiéndoles mejorar la educación que imparten. Entre otras iniciativas, por medio de cursos de formación continua a los profesores de estos establecimientos, cursos especiales a los estudiantes de tercero y cuarto medio, así como permitir que los liceos utilicen la infraestructura universitaria. Esto generaría un círculo virtuoso entre liceos y universidades, del cual ambas instituciones se beneficiarían.

Por último, cabe preguntarse si, dada la magnitud del problema, es conveniente dejar este tema a la buena voluntad de actores o si más bien existe la necesidad de articular una política pública, por ejemplo, a través del financiamiento de este tipo de iniciativas por parte del Estado. En momentos en que se discute el “contrato” del Estado con las universidades públicas, por largo tiempo exento de exigencias específicas, resulta conveniente promover acciones que las universidades puedan ejecutar para mejorar la movilidad social y la integración de los grupos más excluidos. Esto, tanto en términos del acceso al sistema de educación superior como del aumento de su probabilidad de egreso exitoso, con las capacidades que acreditan los títulos universitarios.

Cabos sueltos, por Gonzalo Vial

EL PEQUEÑO DIOS. Cada vez más incomprensible e irregular, aparece la manera como el juez instructor del caso Riggs dispuso la detención de veintitrés personas, de modo que éstas sufriesen dos noches de cárcel absolutamente indebidas e innecesarias. En efecto:

a) La detención se ordenó junto con el procesamiento, el 4 de octubre, y no hacía ninguna referencia a libertad bajo fianza.

b) El 5 de octubre, de oficio —es decir, sin que nadie se lo pidiese— el mismo juez concedió a los procesados ese beneficio. ¿Por qué? Porque, declaró él mismo, ‘‘todas las personas tienen derecho a enfrentar un procesamiento en libertad’’ (“La Tercera”, 6 de octubre).

c) Al instante, según señalaba la columna de la semana anterior, se planteó el interrogante de por qué el magistrado no decretó la libertad en la primera resolución, sino en la segunda.

La diferencia no es poca. Autorizada la libertad por la resolución del 4, hubiera ido a la obligatoria consulta de la Corte de Apelaciones el mismo día, cuando más al siguiente, y los detenidos, cuatro mujeres inclusive, se hubiesen ahorrado dos o por lo menos una noche de cárcel. Noches o noche que eran:

—Innecesarias. ¿Qué ha podido avanzar el proceso con ellas?

—Indebidas, ya que —dice el juez— ‘‘todas las personas tienen derecho a enfrentar un procesamiento en libertad’’. TODO el procesamiento, sin descontar un día o dos días PORQUE SI, SIN RAZON ALGUNA. Nótese que el 4 el juez sabía perfectamente que la prisión era innecesaria, ya que se preparaba para autorizar la libertad el 5.

d) Pero hay más. El magistrado se preocupó EN FORMA OBSESIVA de que EFECTIVA E INMEDIATAMENTE fueran detenidas estas personas que estaba resuelto a poner en libertad al otro día.

Pues la resolución es del 4, y A LAS 7.30 HORAS (“El Mercurio”, 5 de octubre) YA ESTABAN EN MARCHA CIEN AGENTES DE INVESTIGACIONES Y NUMEROSOS VEHICULOS, TODO ADEMÁS COORDINADO CON EL EJERCITO, PARA CUMPLIR LAS DETENCIONES.

Esto supone al juez en pie desde la madrugada, dictando el procesamiento, oficiando a Investigaciones para que cumpliera las detenciones, controlando tan vasto y urgente operativo, de manera que no se escapara ninguna de las personas a las cuales pondría en libertad a las veinticuatro horas...

Es incomprensible, o mejor dicho, por desgracia, demasiado comprensible.

e) Y la comprensión se vuelve certeza leyendo cómo el juez explica estas actitudes:

‘‘NO LO HICE (otorgar la libertad el 4, al procesar) PARA DISTINGUIR JUSTAMENTE LA GRAVEDAD DEL DELITO POR EL QUE SE PROCESABA’’ (“La Segunda”, 11 de octubre).

Esto sí que no tiene pies ni cabeza. Pues:
— ¿Era más grave el delito el 4 de octubre que el 5, cuando se concedió la libertad?
— ¿La gravedad del delito recomendaba no otorgar esa libertad? ¿Por qué la otorgó, entonces?
— ¿Están ya CONDENADOS A FIRME los procesados, que se los castiga con cárcel inútil e indebida, invocando la gravedad del delito? ¿Qué se hizo la presunción de inocencia?

f) Todo apunta, luego, a que el juez instructor, creyendo a los procesados culpables, los castigó ANTES DE CONDENARLOS, con un anticipo de su pena.

Pequeño Dios —pero no el Dios de Occidente, benévolo con los hombres, sino divinidad mal inclinada hacia sus creaturas... divinidad del panteón azteca, un Huitzilipochtli o un Tlaloc, el ‘‘Señor de los Desollados’’—, el juez decidió inferir a los procesados un sufrimiento chico, una módica humillación, pero —magnánimo— sin prolongarla. ¿Qué pueden esperar, qué podemos esperar, durante el resto de la causa?

AMEN, AMEN. ‘‘Todos (los intelectuales de izquierda, durante la Guerra Fría) éramos comunistas entonces. ¡Qué idiotas éramos!’’ (Doris Lessing, Premio Nobel de Literatura 2007. “El Mercurio”, 14 de octubre).

MINISTRA AL DÍA. La ministra del Sernam: ‘‘Podría decir que en Chile tenemos un promedio de tasa de natalidad de 2,1 por mujer y va en descenso rápidamente’’.

La periodista: ‘‘Perdone que la interrumpa. Le pregunté lo de la tasa actual, porque en vista de los datos de la Encuesta Casen de Familias 2006, debe haber bajado el valor de 1,9 informado por el INE como tasa de fecundidad para Chile’’.

La ministra: ‘‘No, el 1,9 es para mujeres inscritas en el mercado de trabajo. La cifra de 2,1 se refiere al promedio nacional. Si fuera menor, ni siquiera se estaría reponiendo la población’’.

La periodista le hace ver que la ministra misma y la de Mideplan, en conferencia de prensa del 29 de septiembre, dieron la cifra CASEN: promedio 1,7 hijos por mujer pobre y 1,8 por mujer indigente, y que como las mujeres de estos dos tipos son las más fecundas, el promedio nacional debe ser aún más bajo, e inferior al de reposición.

La ministra (agitada): ‘‘Si esa cifra es así, es que estamos todos al revés de los cristianos, o yo por lo menos bastante perdida en eso, porque siempre he manejado una cifra... Me parece ilógico’’.

(Revisa recortes de prensa y llama por teléfono a su colega de Mideplan. Confirma los datos de la periodista).

Ministra: ‘‘Yo lo encuentro grave... No sólo porque no permite el recambio generacional, sino porque un país que tiene esa tasa de natalidad está demostrando que no le deja muchas opciones a la mujer para ser madre’’.

Pero hay un rayo de luz: ‘‘Somos un gobierno pro maternidad’’. Qué consolador. Y ahora que la ministra sabe las cifras básicas gracias a la visita de la periodista, las cosas seguramente andarán mejor todavía (“El Mercurio”, 7 de octubre).

MUNDO DE BILZ Y PAP (I). Llama la atención el mundo feliz e imaginario que habitan muchos entendidos e interesados en los grandes temas nacionales, especialmente tratándose de educación y de pobreza.

Un ejemplo, la página completa de “El Mercurio” (14 de octubre) en que un sinfín de personas inteligentes y muchas de ellas preparadas opinan sobre lo que debe ser un ‘‘buen profesor’’, a la luz de los resultados de la Evaluación Docente de 30.363 maestros, del 2003 al 2006.

Se concluye, y así lo dice el titular de la página, que ‘‘un buen profesor planifica sus clases’’.

Observaciones:

1. La Evaluación Docente no indica absolutamente nada, porque es un placebo (remedio que opera por sugestión, y no por contener ningún elemento curativo) discurrido entre el ministerio y un sector del Colegio de Profesores, para disculparse de mantener intocado el Estatuto Docente, rémora de cualquier aprendizaje. Considérese que la Evaluación: a) no toma en cuenta los resultados del trabajo del profesor con los alumnos; b) la realizan otros profesores, calificados al efecto, burocráticamente, por el ministerio, y cuyos requisitos y méritos se ignoran; y c) depende la nota final en un diez por ciento de lo que opina el evaluado sobre sí mismo (!), y en un SESENTA POR CIENTO de un trabajo que se le encarga PARA QUE LO HAGA EN LA CASA (!!). Esta, dice “El Mercurio”, sin bromear, es ‘‘la más objetiva de las partes del test’’.

2. El profesor chileno de enseñanza gratuita (90% de la total), sea bueno, regular o malo, NO PLANIFICA NADA PORQUE NO TIENE TIEMPO.

En efecto, si está contratado por OCHO horas diarias, de acuerdo con las reglas del ministerio, se le exigen SEIS HORAS EN EL AULA, enfrentando física y mentalmente a 40 o 45 alumnos no de la mejor disciplina. Le quedan pues, al día, dos horas para descanso entre clase y clase, repasar muy someramente el contenido de su próxima intervención y otros menesteres personales y administrativos del establecimiento. ¿A QUE HORA, SANTO NOMBRE DE DIOS, SE SUPONE QUE VA A PLANIFICAR? ¿Saltándose el almuerzo? ¿En sus tres o cuatro horas de Transantiago? ¿En la noche, robándole horas al sueño? Y si planifica así, fuera del establecimiento y de su horario completo... ¿quién se lo va a pagar? Y ya que estamos en eso, ¿quién le pagará no ya la planificación sino el estudio de cada clase, la corrección de pruebas y cuadernos, el pensar estrategias de curso y problemas personales de alumnos, etc., etc.? ¿O se espera que lo haga gratis?

Ni una sola palabra de los entrevistados sobre este pequeño escollo de la ‘‘buena planificación’’.

MUNDO DE BILZ Y PAP (II). Ahora vamos a la pobreza chilena. Uno de nuestros mejores economistas ha hecho un minucioso estudio sobre ella, concluyendo que no es la que dice la encuesta Casen 2006, sino el doble (“El Mercurio”, 14 de octubre). Esto, no porque Casen haya adulterado las cifras, sino porque considera una ‘‘canasta’’ de productos anticuada, que adolece de dos defectos. El primero, que hoy nos interesa, es éste: ‘‘los pobres (y la población en general) modificaron sus patrones de consumo hacia productos más diversificados y de mejor calidad’’. Ejemplo de semejante cambio, entre otros, ‘‘aceite embotellado en vez de aceite suelto’’.

Ahora bien —aparte la novedad e importancia del estudio—, el ejemplo es un buen indicativo de cómo quienes no somos pobres, instintivamente, miramos los problemas de éstos bajo una luz optimista. Pareciera que los pobres hubiesen buscado ‘‘diversificar’’ y ‘‘mejorar la calidad’’ de su aceite de comer, despreciando el ‘‘suelto’’ por el ‘‘embotellado’’. No hay tal. EL ACEITE SUELTO YA NO EXISTE, NO SE PUEDE COMPRAR. El pobre no eligió nada: le IMPUSIERON un producto más caro y supuestamente superior, al dejarse de comercializar el que antes usaba. ¿Se compensa, en personas tan desposeídas, el mayor precio con la mayor calidad? Dudosa es la respuesta.