Educación y movilidad social, por Alejandra Mizala y Pablo González

En los últimos 25 años el número de estudiantes universitarios ha aumentado significativamente en el país. La matrícula bordea hoy los 500 mil alumnos (de los 120 mil que se calcula había en 1982) y lo más notable es que siete de cada 10 estudiantes son los primeros de su familia en acceder a la universidad. Este elemento constituye una fuente muy importante de movilidad social ascendente. En efecto, la encuesta Casen del año 2006 muestra que los ingresos del trabajo aumentan en forma significativa para quienes tienen educación superior. Es así como esta encuesta arrojó que los ingresos promedio de la población con 12 años de escolaridad (educación media) eran de $245.608, mientras que los del grupo con 17 años de educación (universitaria) ascendían a $800.442, llegando a $1.074.621 para quienes tenían 18 y más años de formación. Este premio salarial es grande si se le compara con lo observado en países desarrollados, donde las diferencias no superan el 100%.

Para que este aumento de la matrícula universitaria se convierta en una fuente de movilidad social es clave asegurar que los jóvenes que ingresan al sistema puedan efectivamente titularse. El fuerte aumento de la matrícula y la deficiente calidad de parte de nuestra educación secundaria, sin embargo, tienen como consecuencia que una parte de los jóvenes que acceden al sistema universitario no tienen las habilidades y competencias cognitivas y no cognitivas necesarias para cursar con éxito estudios superiores, lo que redunda en una elevada tasa de deserción. El informe del año 2001 de la OECD plantea que sólo el 28% de quienes ingresaban a la educación superior en Chile se titulaba, cifra que contrasta con un 42% de titulados en los países de la OECD. La mayor parte de la deserción, en tanto, se produce en los dos primeros años de universidad, lo que redunda en una enorme frustración de los estudiantes y sus padres, y en una importante pérdida de recursos.

La situación descrita plantea un desafío a las universidades que reciben a los estudiantes con menores puntajes de ingreso: viabilizar su mantención en el sistema a través de cambios en sus mallas curriculares, incluyendo la preparación de los alumnos en habilidades y competencias tanto cognitivas como no cognitivas, por ejemplo, a través de cursos de nivelación de conocimientos y talleres de desarrollo de habilidades. De hecho, algunas universidades públicas y privadas ya han comenzado a implementar este tipo de programas.
No obstante lo anterior, las universidades pueden hacer algo más. En particular, podrían vincularse con algunos liceos y apoyarlos, permitiéndoles mejorar la educación que imparten. Entre otras iniciativas, por medio de cursos de formación continua a los profesores de estos establecimientos, cursos especiales a los estudiantes de tercero y cuarto medio, así como permitir que los liceos utilicen la infraestructura universitaria. Esto generaría un círculo virtuoso entre liceos y universidades, del cual ambas instituciones se beneficiarían.

Por último, cabe preguntarse si, dada la magnitud del problema, es conveniente dejar este tema a la buena voluntad de actores o si más bien existe la necesidad de articular una política pública, por ejemplo, a través del financiamiento de este tipo de iniciativas por parte del Estado. En momentos en que se discute el “contrato” del Estado con las universidades públicas, por largo tiempo exento de exigencias específicas, resulta conveniente promover acciones que las universidades puedan ejecutar para mejorar la movilidad social y la integración de los grupos más excluidos. Esto, tanto en términos del acceso al sistema de educación superior como del aumento de su probabilidad de egreso exitoso, con las capacidades que acreditan los títulos universitarios.