Etica empresarial, píldora del día después y más…por Alvaro Pezoa , Universidad de Los Andes

Durante los últimos días, la ciudadanía ha presenciado una destacable demostración de ética empresarial con ocasión de la postura negativa —e independiente— de las tres grandes cadenas de farmacias de Chile a vender en sus locales la denominada “píldora del día después”. La razón que justifica esta decisión es que ella sería abortiva. En todo caso, se fundamenta en que no hay pruebas concluyentes que aseguren lo contrario. En tales situaciones, la ética es clara: prudencialmente hay que abstenerse de acciones que, teniendo conciencia, podrían ayudar al mal, más aún si éste puede ser grave. En el caso en comento, se trataría nada menos que del asesinato en el vientre materno de una persona indefensa.

Con frecuencia se alude a la ética empresarial cuando se observan, o se cree presenciar, conductas reñidas con la moral en la práctica de los negocios. En esta oportunidad, insisto, vale la pena resaltar la evidente corrección ética que ha animado las conductas de las empresas mencionadas. En contraste, por desgracia, desmerecen los procedimientos de los encargados de las entidades gubernamentales atingentes —y las opiniones de apoyo a las mismas de algunos congresistas concertacionistas—, que han desplegado una muy discutible escalada de acciones tendientes a forzar la venta de la píldora en las farmacias de nuestro país. La incorporación del principio activo levonorgestrel en el “formulario nacional de medicamentos” (lo cual hace obligatorio su expendio en todas las farmacias), multas onerosas, amenazas de aplicar más de ellas, incluso la posibilidad de penas de cárcel para los directivos de las compañías farmacéuticas, son parte de ese repertorio.

La píldora de marras no es terapéutica, tampoco combate alguna enfermedad, menos por la tanto puede estar orientada a mitigar una epidemia o problema de salud pública. ¿Qué puede justificar entonces tanto empeño del Gobierno para obligar a su comercialización? Las respuestas posibles a tal interrogante no pueden dejarnos indiferentes, toda vez que no parecen existir razones valederas para sustentar las conductas de los personeros de gobierno al respecto. En lo inmediato, los hechos son elocuentes. Se están violando ante nuestros ojos tres principios éticos de primer orden: el derecho a la vida, el derecho de libertad de conciencia y el derecho de libertad económica. Mirada la situación desde este punto de vista, todo parece indicar que en esta disputa estamos frente a algo más que una nueva escaramuza Gobierno-empresarios. Hay mucho más en juego. Concepciones antropológicas, es decir, sobre quién es la persona; formas concretas de entender qué es y cuáles pueden ser los contenidos del bien común social; modos de practicar la actividad política; maneras de hacer —o no— efectiva la libertad y, consiguientemente, la responsabilidad en el ejercicio de la misma, y más…

¿Qué hacer?, ¿esperar que el Gobierno sea capaz de comprender su error y, consecuentemente, enmendar lo obrado? Por cierto, la esperanza es lo último que siempre ha de perderse. Sin embargo, al mismo tiempo, la realidad descrita torna imprescindible una defensa activa de los principios y el estilo de vida agredidos. En tal dirección se inscriben estas palabras. ¿Destacar, entonces, la buena ética empresarial que se aprecia en este litigio? Desde luego. Por lo demás, no siempre se ha de acentuar lo negativo. ¿Apoyar a las empresas y empresarios que les corresponde dar la cara en la hora presente?, ¿por qué no? Más bien, por supuesto que sí. Y hacerlo por todas las vías lícitas posibles. Las circunstancias de la vida han llevado a que ellos no se encuentren únicamente velando por sus legítimos intereses, sino que también se hallen librando una batalla por el bien de Chile. ¡No podemos, ni debemos dejarlos solos!