Un fracaso nacional, por Gonzalo Vial

Gonzalo Vial
Conviene enfrentar la realidad de los detenidos-desaparecidos cuyos restos no han sido hallados, ni se sabe su destino final, y que son la inmensa mayoría.

La triste realidad es ésta: ya nunca se encontrará a los detenidos-desaparecidos que faltan, ni se sabrá a ciencia cierta cómo murieron. No habiendo aparecido ellos en tres y más décadas, el porcentaje susceptible de descubrir de aquí hacia adelante es mínimo. E igualmente mínima la posibilidad de conocer, siquiera, la historia individual de dolor y terror detrás de cada víctima. El duelo no puede comenzar, no comenzará nunca. Y como consecuencia esta herida, la más grave que haya sufrido el cuerpo social de Chile en todo nuestro pasado, probablemente no cerrará. El paso del tiempo —de mucho, mucho tiempo— traerá quizás olvido, pero jamás reconciliación.

Afrontar un hecho así, tan grave, requiere establecer su causa. ¿Por qué no han podido hallarse estos despojos mortales, ni aún conocerse sus historias de un modo fidedigno?

1. La primera responsabilidad, por cierto, es de quienes en su momento escondieron los cadáveres con infernal eficacia, y aún, no pocas veces, los exhumaron tiempo después para reocultarlos o destruirlos. La marca de Caín, invisible pero quemante, ha quedado así impresa para siempre en muchas frentes.

2. Llegada la hora de pedir y rendir cuentas, los familiares de detenidos-desaparecidos —a través de sus asociaciones— y los partidos que las respaldan privilegiaron la justicia y la venganza contra los criminales, sobre el hallazgo de los restos y el conocimiento de lo sucedido.

No podemos discutir su derecho a exigir justicia. El derecho a la venganza, por otra parte, no existe, pero tampoco cabe reprochar la busquen seres humanos tan profundamente heridos y agraviados como éstos.

Pero, entendámonos, la justicia y la venganza excluyen extraer la verdad de quienes la esconden.

NADIE señalará el paradero de un detenido-desaparecido (aunque lo conozca), ni revelará su trágica historia (aunque la sepa), INCLUSO SIENDO INOCENTE DE LO SUCEDIDO, si hablar puede significarle verse envuelto en esas redes... las redes de la justicia y la venganza. Inocente o culpable, callará para no correr riesgos. Por eso todos han callado hasta hoy, y seguirán callando. Por eso, y por el largo tiempo transcurrido, NUNCA —sino casual y excepcionalmente— aparecerán los restos, empezará el duelo, se cerrará la herida. Por eso la opción de la justicia y la venganza ha sido tan trascendental. Para haberse atrevido a escogerla, los jefes y abogados de las asociaciones, los dirigentes de los partidos que las respaldan, deben haberse sentido muy seguros de interpretar a las familias de los detenidos-desaparecidos.

3. El instante decisivo, creo, se vivió en la Mesa de Diálogo convocada por el Gobierno para abordar este problema, a comienzos del año 2000.
Allí se fue configurando otra opción, que incluía principalmente: a) una cruzada nacional de búsqueda de los detenidos-desaparecidos, en la que participaran todos los entes del Estado, los partidos, las iglesias, la Masonería, las universidades, los múltiples organismos de la sociedad civil, etc., de modo que las familias de los detenidos-desaparecidos se convencieran de que se había hecho lo humanamente posible para hallarlos; b) crear, como ya lo había sugerido el Informe Rettig, ¡diez años atrás!, el ‘‘delito de no informar’’ para los agentes del Estado, de cualquier rango, que hubiesen participado en cualquier forma, incluso secundaria, de la inhumación ilegal de detenidos-desaparecidos, y que no lo revelaran en un plazo dado; c) ofrecer ALGUN beneficio a los que por esta vía u otra aportaran, antes de ningún requerimiento judicial, información útil, pero que los incriminara: concederles una atenuante, una rebaja de pena... ¡por lo menos, que no se emplearan contra ellos los datos que ellos mismos suministrasen!; d) gastar todo lo que fuera necesario, y más —en equipos, procedimientos, expertos de renombre mundial—, para identificar los despojos mortales ya existentes (por ejemplo, los del ‘‘Patio 29’’) o que fuesen apareciendo. Otra sugerencia que figuraba en el Informe Rettig.
Nada de lo anterior prosperó porque (después de siete años, podemos decirlo sin echar leña al fuego) se cruzaron en el camino los siguientes factores:

—La opción por la justicia y la venganza.

—Las pasiones políticas más desatadas, especialmente de pinochetismo y antipinochetismo. Parece increíble, pero es un hecho histórico que la Mesa del

Diálogo casi se disolvió estruendosamente por la recepción que hizo el Ejército a Pinochet en Pudahuel, a su regreso de Londres. ¿Qué tendría que ver con la búsqueda de los detenidos-desaparecidos?

—La férrea resistencia de las Fuerzas Armadas al ‘‘delito de no informar’’.
Concluiría la Mesa con una declaración digna de don Otto, un chiste alemán, encomendando investigar el paradero de los detenidos-desaparecidos, durante seis meses a... las Fuerzas Armadas. Por supuesto, el ‘‘encargo’’ concluyó en cero, salvo nuevas sospechas y recriminaciones, nuevos enconamientos de las viejas heridas, comprendido —si mal no recuerdo— el retiro o procesamiento, o ambos, de algún ‘‘buscador’’ que había buscado mal...

Hubiera sido mejor disolver la Mesa como fracasada, a la declaración cosmética que le puso fin, y que se calificó de ‘‘éxito’’. De haberse evidenciado entonces el fracaso, quizás la sociedad chilena —que la Mesa aspiraba a representar— hubiese reaccionado con mayor energía pro hallazgo de los restos, hace siete años con mejores perspectivas que hoy, cuando no existe casi ninguna.

4. El papel en esta materia de los tres primeros gobiernos de la Concertación (no del actual, que recibió el problema ya en calidad de insoluble) no puede haber sido más triste.

Ninguna de las propuestas legislativas que hicieron mereció ser aprobada ni por sus propios parlamentarios. El ‘‘delito de no informar’’ nunca fue planteado.

Las medidas administrativas y judiciales que tomaron no dieron ningún fruto.
Y en un aspecto concreto, que dependía de ellos y sólo de ellos, los tres gobiernos demostraron una desidia inconcebible: la identificación de los restos aparecidos.

Nada de expertos internacionales, laboratorios modernísimos ni técnicas de punta... salía demasiado caro. Sino el modesto y chilenísimo Servicio Médico Legal, sin ningún apoyo extra para enfrentar EL CASO MÁS IMPORTANTE DE SU HISTORIA.

Resultado: el que conocemos y empezamos a olvidar: la asignación de identidades equivocadas a los despojos de numerosísimas víctimas. Por ello y mediando orden judicial, éstos —ya entregados a sus supuestos parientes, quienes les habían dado sepultura con las ceremonias y el cariño y respeto que podemos imaginar— debieron exhumarse y devolverse para repetir los exámenes...

No cabía forma más clara de decirles a los familiares de los detenidos-desaparecidos: ni éstos ni Uds. nos importan sino como banderas políticas y mediáticas, útiles para quiebres de voz y accesos de llanto televisados. Pero no nos quejemos de los gobernantes 1990-2006: en esta materia, son sólo el reflejo perfecto de todos nosotros, los chilenos.